Escribe: Vanesa Cea
Un día me llamó un cliente indignadísimo, porque su mamá, con la que vivía, había recibido una carta documento que le habían enviado a él, cuando estaba trabajando.
Me llamó enojado, y me dijo que si no hubiera sido por su madre, habría podido seguir “pateando” a ese acreedor, que ya había sido bloqueado de redes, ignorado en el mail, y bloqueado obviamente en WhatsApp.
Muchas veces en el estudio me encuentro con razonamientos de este tipo, que debo reconocer que no carecen de lógica, pero que en la práctica no resultan muy saludables.
El título del post es carta documento, pero a veces la gente rechaza otras comunicaciones, sin saber que eso no impide que quedes notificado, y puede acarrearte consecuencias desastrosas.
Pero sigamos con la carta documento, ¿Qué hubiese pasado si la madre del cliente rechazaba la notificación dirigida a su hijo en el domicilio que efectivamente vivía?
Ese rechazo, sin justificación válida (es decir, si es que se trata de una persona que efectivamente vive allí), podría haber generado que el destinatario se tenga por notificado. Con el agravante de ni siquiera saber lo que contenía la notificación.
Acá nos damos cuenta que en el mundo del derecho no existe la posibilidad de “bloquear”. A veces creemos que si no lo vemos con nuestros ojos el problema no avanza, pero no es así. Si fuera posible, resultaría súper fácil escaparnos de nuestras obligaciones. Por eso en general, no resulta buena idea rechazar las notificaciones que llegan a tu domicilio.
Ello dificulta que puedas responderla, tenga o no razón su remitente. Tené en cuenta que su respuesta es simplemente un acto de defensa, el ejercicio de tu derecho.
Que te llegue una carta documento no es el fin del mundo, tiene como único efecto dejar constancia de las manifestaciones de una persona, en una fecha determinada. A eso se le llama notificación fehaciente.
Que la recibas no quiere decir que esas manifestaciones sean ciertas, ni mucho menos que quien la emite tenga razón. La recepción de una carta documento implica tomar conocimiento de su contenido, y evaluar si es necesario contratar un abogado para ejercer tu derecho, y contestarla.
